En el ordenamiento jurídico italiano, la relación entre el árbitro y el juez se entiende como una relación de jurisdicción. Se desprende de las reformas realizadas en 2006, así como de las recientes decisiones del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema dictadas en 2013. Hay algunas cuestiones en las que la legislación de arbitraje parte de la regulación aplicable a los procedimientos ante el tribunal, no obstante, a veces se desvía. La relación entre el árbitro y el juez debe considerarse, al menos en cuanto al ordenamiento jurídico italiano, una relación de jurisdicción especial ante la jurisdicción general, y actualmente es difícil constatar que el árbitro se considere una persona con una posición equivalente a la de juez.